“En la medida que cambian, las naciones también transforman sus nociones sobre el patrimonio. En México, como elemento básico del mismo, emerge con fuerza la pluriculturalidad, por ello, es necesario repensar los aportes de pueblos originarios, grupos afrodescendientes, comunidades rurales y populares urbanas en la integración de esa herencia compartida”.
Así lo manifestó el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, al participar en la mesa de análisis “Patrimonio cultural en México”. El Congreso de la Ciudad de México invitó a diversos antropólogos sociales del INAH, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, para abordar los avances y los retos de nuestro país en la materia.
El titular del INAH abrió el debate haciendo referencia a la obra del politólogo irlandés Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, en la cual asienta que las naciones son un constructo social integrado por el mapa, el censo y el museo, es decir, el territorio, la población y aquellos signos, valores, expresiones y bienes que refuerzan esa identidad colectiva, y es necesario preservar y proteger: el patrimonio cultural.
En las últimas décadas del siglo XX, dijo, México pasó de concebirse como una nación homogénea, para definirse como pluricultural, condición sustentada en sus pueblos originarios, según lo estipula su Carta Magna.
“Me parece fundamental recuperar las contribuciones de aquellos que, desde finales de la década de 1980, empezaron a hablar de culturas populares como una visión alterna a las bellas artes, sosteniendo que las primeras representaban la posibilidad de una idea transformadora del patrimonio, de la estética y del arte en nuestro país.
“Por eso, el INAH está determinado a cambiar el sentido de las salas que hablan de nuestra diversidad cultural en el Museo Nacional de Antropología, ya no bajo un discurso regional donde las comunidades indígenas aparezcan como minorías en proceso de extinción, sino como comunidades vitales que se expresan en toda su fuerza simbólica, histórica, cultural y espiritual”, sostuvo Prieto Hernández.
En esta idea coincidieron las y los investigadores reunidos en el Auditorio Benito Juárez del Congreso capitalino: Paloma Bonfil Sánchez, Maya Lorena Pérez Ruiz, Yuriria Iturriaga de la Fuente, Jesús Antonio Machuca Ramírez y Francisco Javier Guerrero Mendoza, al argumentar que el país se encuentra en una coyuntura donde las políticas públicas tenderán hacia la dependencia o la autonomía de los detentores y creadores del patrimonio cultural.
De acuerdo con la coordinadora nacional de Antropología del INAH, Paloma Bonfil, los procesos recientes de globalización económica y las reformas estructurales que emprendieron pasadas administraciones, no lograron cerrar la brecha de desigualdad entre las sociedades mestizas y los pueblos indígenas, aunque sí nichos de oportunidad para la construcción y legitimación de algunos derechos diferenciados para estos últimos.
Entre las variables que han afectado la vida de los pueblos indígenas y su relación con la sociedad y el Estado mexicano pueden mencionarse el proceso de adelgazamiento de la estructura institucional impulsado dentro de las reformas neoliberales, bajo la premisa de que los ciudadanos han de asumir la responsabilidad de su propio bienestar.
La especialista de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, Maya Lorena Pérez, indicó que en legislaciones e instituciones perviven tendencias neoliberales y existen contradicciones de concepción y operación.
Un ejemplo es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que, “al centrar la protección en los derechos de autor (aunque sean colectivos), propicia la propiedad privada de bienes comunes, dada la difícil delimitación de autoría, la cual se reconocerá para unos cuantos, aunque estos sean de la misma comunidad o región”.
Asimismo, dijo, además de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos están en el centro del despojo a los pueblos. En ese sentido, se presiona a México para que se reforme la Ley Federal de Variedades Vegetales de 1996, y armonizarla con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
“Esto es para que nuestro país se adhiera a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 91, un medio para apropiarse de variedades vegetales indígenas y campesinas, y proteger a los obtentores y patentadores que las hayan ‘descubierto’ o modificado genéticamente.”
Entre los efectos perniciosos, concluyó Pérez Ruiz, están que, “de contaminarse las variedades nativas, se prohibirá a los campesinos producir, vender e intercambiar semillas comerciales; los obligará a comprar semillas comerciales y los penará si usan las semillas ‘protegidas’ sin los permisos consecuentes”.
