Lima.- El expresidente peruano Pedro Castillo, quien la víspera disolvió ilegalmente el Congreso y fue destituido, permanece este jueves en una gigantesca sede policial que tiene en su interior una cárcel donde también está preso el exmandatario Alberto Fujimori, quien cerró el Parlamento en 1992.
Cuando hace medio año en una entrevista en la televisión pública le preguntaron si tenía miedo de ir a prisión, Castillo aseguró que él sería la excepción. “Estoy seguro de que a partir de este gobierno ya no van a haber gobiernos que terminen detrás de las rejas”, dijo Castillo en junio.
Pero la víspera la televisión pública mostró al exmandatario esposado subiendo a un helicóptero rumbo a la sede policial ubicada en el este de Lima. La fiscalía confirmó que investiga a Castillo por el presunto delito de rebelión, que tiene prevista una pena de hasta 20 años de cárcel.
De acuerdo con la ley Castillo no puede ser ingresado a una cárcel porque aún no hay una orden judicial que lo indique. Por ello la Fiscalía programó una audiencia antes del mediodía para pedir una detención preliminar.
La prisión es diferente al resto de las cárceles del país, usualmente hacinadas de presos comunes. Hasta ahora esta cárcel tiene un solo recluso desde 2007, Fujimori, condenado a 25 años por corrupción y por su responsabilidad en 25 asesinatos ocurridos durante su gobierno (1990-2000).
La cárcel de 10 mil metros cuadrados tiene varias celdas. La única ocupada es la de Fujimori que cuenta con la habitación donde duerme, un cuarto para recibir visitas, un baño completo, un cuarto para las clases de pintura y una sala de estar. Hay otra celda, ahora vacía, que fue usada durante casi un año entre 2017 y 2018 por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien cumplió prisión preventiva y está enjuiciado por lavado de activos.
Hasta la sede policial llegaron el jueves varios congresistas cercanos a Castillo. El legislador Pasión Dávila, quien lo visitó temprano, dijo brevemente que el exmandatario “está bien de salud, está tranquilo, está lucido”. Agregó que evalúan diferentes opciones, incluido un “posible asilo” para el ahora expresidente, aunque no dio más detalles.
El miércoles y en apenas tres horas Castillo pasó de decretar la disolución del Congreso de Perú a ser sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tras jurar como mandataria pidió una tregua política a los legisladores y dijo que completará el mandato hasta 2026.
El Congreso, la institución más impopular en Perú, lo destituyó por “permanente incapacidad moral”. Era el tercer intento para removerlo en casi 17 meses de gobierno por la misma causal establecida en la constitución que según expertos carece de una definición objetiva y que el Congreso ha utilizado más de media docena de veces desde 2017 para tratar de destituir presidentes.
Antes, en un inusual mensaje por la televisión estatal, Castillo había anunciado la disolución del Congreso e indicado que se elegirían nuevos legisladores y se redactaría una nueva constitución, una maniobra inconstitucional, según los expertos. Para que un mandatario pueda cerrar el Parlamento se necesita que el Congreso haya censurado a dos gabinetes, lo cual no había ocurrido.
El mensaje televisado de Castillo recordó a muchos peruanos el “autogolpe” de 1992 encabezado por el entonces presidente Fujimori, con la diferencia de que en esta ocasión Castillo no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional y varios de sus ministros dimitieron inmediatamente.
La hasta entonces vicepresidenta Boluarte afirmó que la medida sólo contribuía a agravar la crisis política del país y la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo calificaron la decisión de “golpe de Estado”.
Las cámaras de la televisión pública mostraron a Castillo saliendo con rapidez del Palacio Presidencial en un automóvil junto a su escolta con rumbo desconocido en medio del congestionado tráfico de Lima que hizo que el vehículo avanzara lentamente.
Videos mostraron cómo su auto fue detenido a unas pocas cuadras del Palacio Presidencial por un grupo de policías armados con fusiles y conducido a una dependencia policial del centro histórico de Lima donde la Defensoría del Pueblo confirmó que su ex primer ministro, Aníbal Torres, se había convertido en su abogado.
Varios países criticaron la decisión de Castillo de disolver el Congreso, incluido Estados Unidos. El jueves el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el «intento de subvertir el orden democrático” y llamó “a las partes a respetar el Estado de derecho, así como a permanecer serenos y abstenerse de inflamar tensiones políticas”.
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