Ciudad de México.- La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó este miércoles su preocupación por el impacto negativo que podría generar la construcción del Tren Maya, las afectaciones al medio ambiente y a las comunidades indígenas, los ataques contra los ambientalistas y la participación del Ejército en el proyecto.
A través de un comunicado, los expertos de la ONU alertaron que la obra, de mil 500 kilómetros, en la península de Yucatán, puede poner «en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra, los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible».
Según la Oficina, las personas defensoras de los derechos humanos que han expresado preocupaciones por los impactos negativos del Tren, han enfrentado «amenazas y ataques», además de un acceso «muy limitado a un tribunal independiente e imparcial».
«Como proyecto dirigido por el Estado, el Gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente», señalaron los especialistas.
Además, el Gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales».
Según los expertos, el cambio de estatus del Tren Maya no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales».
«Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados», alertaron.
Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, sostuvo que, en este contexto, la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación.
La oficina pidió al Gobierno garantizar la participación de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental, antes de cualquier decisión relacionada con el proyecto.
«Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales», dijeron los expertos.
Según el comunicado, también expresaron su preocupación por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, que costará unos 20 mil millones de dólares.
«Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya», aseveraron.
«Las y los expertos instaron a las empresas y a las y los inversores a tomar las medidas adecuadas y a ejercer su influencia para garantizar que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos se llevan a cabo de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos».
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