Ciudad de México.- El exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam presentó dos demandas de amparo para combatir por separado tanto la prisión preventiva justificada como la vinculación a proceso que le fue dictada por las presuntas ilegalidades en la investigación del Caso Iguala.
Autoridades judiciales confirmaron que la Oficialía de Partes de los Juzgados de Amparo de la Ciudad de México recibió las dos demandas de garantías y que en las próximas horas serán turnadas a uno de los 16 órganos jurisdiccionales especializados en esa materia.
El pasado 24 de agosto, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso al extitular de la extinta PGR por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
En la misma audiencia, el juzgador ratificó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga, por contar con los recursos y relaciones para ello, tener registros de vuelos privados y estar imputado en un asunto de alto perfil y con alta penalidad.
Murillo decidió no apelar las decisiones del juez ante un tribunal unitario y en su lugar optó por recurrir al juicio de amparo, presentando dos recursos por separado, uno contra la vinculación a proceso y otro contra la medida cautelar.
La imputación de la FGR contra Murillo Karam está enfocada en responsabilizarlo como el autor intelectual de la «verdad histórica» en el Caso Iguala.
Según la Fiscalía, el exfuncionario presumiblemente en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
La tortura y los delitos contra la administración de la justicia que se le imputan –en los que se incluyen siembra, manipulación y desaparición de evidencias–, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, fechas en la que ofreció tres ruedas de prensa en las que dio a conocer información presuntamente obtenida bajo tortura.
La desaparición forzada, de acuerdo con los fiscales, es un ilícito continuado desde septiembre de 2014 a la fecha.
Para la FGR, la «verdad histórica», una versión ficticia de los hechos, fue «fraguada» por Murillo Karam desde el 6 de octubre de 2014, fecha en que sostuvo un supuesto cónclave con altos mandos de los tres niveles de Gobierno para planear la siembra de evidencias y el desvío de las líneas de investigación.
Su defensa ha sostenido que las imputaciones son falsas y que Murillo no puede ser procesado ni mucho menos privado de su libertad con base en una «teoría de la conspiración».
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